UNA CONSTITUCIÓN DE FUTURO ESCRITA EN EL PASADO

El mes de julio no es un mes sólo de recordatorios fúnebres. El día 14, además del aniversario de la Revolución Francesa, se conmemoraron ochenta años, los mismos que cumplió nuestra Segunda República, de la inauguración de las Cortes Constituyentes de esta última, en claro homenaje a la primera y a su universal lema de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.

Con una mayoría en las Cortes de partidos republicanos, en especial de izquierdas, salida de las elecciones celebradas a principios de ese mes, fruto del impulso entusiasta con que había sido recibida la República y bajo el shock en que habían quedado los partidos monárquicos tras su derrota de abril, la elaboración de la Constitución estuvo encomendada a una comisión en la que figuraron Clara Campoamor, una de las tres primeras mujeres diputadas de unas Cortes españolas; el abogado Ángel Ossorio y Gallardo, antiguo monárquico y abnegado defensor del nuevo régimen; y el penalista Luis Jiménez de Asúa, socialista y uno de los más afamados especialistas en su campo a nivel internacional. Asúa fue el principal impulsor del alto contenido de artículos de aquella constitución decididamente progresistas y en favor de las clases populares.

La constitución que se aprobó, el 9 de diciembre de 1.931, estuvo inspirada por dos de los modelos de constitución más avanzados que existían por aquel entonces en el mundo: la de Weimar, de la no hacía mucho tiempo proclamada República Alemana; y la de Querétaro, del México revolucionario. Además, ligados sentimentalmente con la Francia de la Tercera República, los miembros de la comisión también estuvieron influidos por las ideas del vecino del norte. El resultado fue una de las constituciones más avanzadas del mundo en su época y excepcional lección para el futuro, pese a su corta vida y a las dificultades que supuso sobre todo la aprobación de un articulado religioso que puso en pie de guerra a la jerarquía eclesiástica y a los sectores reaccionarios que la apoyaban, que hicieron bandera política de la “persecución” religiosa.

¿Por qué? Sorprendentemente, la actual constitución española, si bien esto es afirmado en ocasiones con la boca pequeña, es declarada como heredera de aquella constitución republicana. Esto es una media verdad. Hereda algunas de las instituciones y principios que estaban recogidos en la carta magna de 1.931, como el Tribunal de Cuentas, el de Garantías Constitucionales o el actual Estado autonómico, que la República definió como “Estado integral”, a caballo del centralismo y el federalismo. Pero en otros puntos es claramente un retroceso: la monarquía y el bloqueo al trono a las féminas, algo que no sucedía con la elección de la persona que ocupara la presidencia de la República, además de su inviolabilidad jurídica; la situación de la Iglesia, más beneficiada por un Estado aconfesional que no llega a ser laico y que le permite inmiscuirse en la tarea docente y otros asuntos de la vida civil; o el bloqueo a su reforma, requiriendo en todo momento dos tercios de diputados mientras la republicana solo exigía éste quórum durante los primeros cuatro años de vida de la constitución (es decir, hasta el 9 de diciembre de 1.935). En muchos casos, los avances que hayan podido experimentarse desde la fecha de 1.931 hasta 1.978 quedan descompensados tanto por estos retrocesos, fruto de los pactos transicionales, como por el hecho de que, tanto en 1.978 como en la fecha actual, la sociedad ha avanzado más deprisa que las leyes, mientras la constitución se ha convertido en una especial de Santo Grial inviolable al que no se le puede añadir siquiera un asa para mejorar su utilidad. En todo caso, esmeraldas o rubíes que la hagan resplandecer más en su función de objeto.

Cuando estudié el capítulo de la constitución republicana para el trabajo que elaboré sobre la República, por supuesto no estaba en condiciones de afirmar que aquella constitución fuera a servir para siempre, ni lo afirmo. Siguiendo al prócer norteamericano Thomas Jefferson, una constitución o una ley determinada no pueden durar más de veinte años porque queda desvirtuada si no es reformada y refrendada por la generación siguiente a la que la redactó. Sin embargo, cuando hoy encuentro a los indignados de ambos sexos reclamando algunas cosas y justicias, no puedo dejar de asombrarme, desde la perspectiva de mi quizá no demasiado amplio conocimiento, de la coincidencia con algunos principios constitucionales del treinta y uno.

Quizá esto sea afearle la conducta a los demócratas de la transición, pero además una diferencia radical fue que, aunque derrotados en su cometido por virtud de la guerra civil, el empeño que pusieron los republicanos en que el programa de derechos individuales, socioeconómicos y culturales de su constitución se cumpliera dista bastante del que ponen los demócratas del presente para que se cumplan los de la suya. De ahí el cabreo. “Ni aplastaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”, llegó a escribir Antonio Machado de los primeros, a quienes definía como “hombres llenos de respeto, mesura y tolerancia”. Todo lo contrario que un Camps, un Bono, un Chaves, un Fabra, una Sonia Castedo, un Aznar o un Felip Puig. El mayor escándalo de corrupción de la época republicana, el “estraperlo”, acontecido en la etapa radical-cedista de Lerroux, no pasaría de ser el robo de unas gallinas comparado con la “Gürtel” o el del afamado Luis Roldán. La honradez, según escribe Max Aub en la novela “La gallina ciega”, fruto de sus impresiones durante su breve viaje por la España de la que se había exiliado 30 años antes, era un valor que los políticos tanto de derechas como de izquierdas tenían en muy alta estima, y por muy refinados que fueran sus gustos (verbigracia: la buena mesa, el teatro o un automóvil) eran pagados de su bolsillo y fruto de un trabajo que, diera o no sus resultados, desempeñaban con afán.

A continuación veremos algunas de las coincidencias a las que me he referido:

1. Subordinación de la economía al interés general: En el artículo 44 y 45, referido este último al tesoro artístico y al patrimonio natural, se proclama la subordinación de la riqueza particular al interés de la economía nacional y se nombra de forma explícita la posibilidad de expropiación, socialización y nacionalización de bienes particulares, así como la intervención de industrias y empresas, mediante adecuada indemnización. Esto se puso en marcha a la hora de llevar a cabo la reforma agraria.

2. Protección al trabajador industrial y agrario: La legislación social republicana fue una de las más avanzadas de Europa, siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, en su artículo 46, la República reconocía que “el trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la protección de las leyes”. Una de las medidas más populares fue, entre las mujeres, la instauración del seguro por maternidad, pues la República, que desterró la desigualdad jurídica de la mujer, proclamaba la protección de madres, niños y ancianos en su artículo 43.

3. Educación pública de calidad: Este fue, sin duda, uno de los mayores logros de la República. En su artículo 48, la constitución proclamaba que el servicio de la cultura era atribución esencial del Estado, que lo prestaría a través del sistema de la escuela unificada (que se definía como el medio para que sólo la capacidad individual determinara dónde quisiera llegar cada uno en sus objetivos escolares), primando la gratuidad de la enseñanza primaria, reconociendo la libertad de cátedra y desterrando a la principal institución privada de entonces (la Iglesia) del servicio de la instrucción, al menos de la enseñanza primaria. Proclamaba además la enseñanza laica.

4. Parlamento unicameral: En su artículo 51, se proclamaba la unicameralidad del parlamento, compuesto por la actual cámara baja, el Congreso de los Diputados. Jiménez de Asúa afirmaba la necesidad de que el parlamento estuviera compuesto por una sola Cámara bajo la premisa de que si existían dos Cámaras y ambas representaban la voluntad popular, una sobraba; y si había dos y una no lo hacía (como la Cámara de los Lores, una cámara de representación aristocrática que es en lo que al final acaban convirtiéndose los senados), no se cumpliría la representación de la voluntad popular que se le debía exigir a todo poder legislativo.

5. Poder judicial independiente: La República trató de establecer un poder judicial independiente de las luchas partidistas que tan intensas fueron en su época. Es particularmente curioso el sistema que estableció para elegir a los miembros del Tribunal de Garantías, actual Constitucional: tendría un presidente nombrado por el parlamento y en él se sentarían dos diputados elegidos por las Cortes, pero el resto de miembros serían: un representante por cada una de las autonomías, el presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal de Cuentas, dos miembros nombrados por los Colegios de Abogados y cuatro profesores de Derecho nombrados por las facultades universitarias. El objetivo era precisamente evitar toda posibilidad de cabildeos y discusiones como las que hoy se dan entre los dos grandes partidos políticos del país.

6. Reforma constitucional: En el artículo 125 y último de la constitución, se establecía el mecanismo de la reforma constitucional. Se admitían reformas totales (aunque resultaría complicado que algún artículo o principio no quedara recogido en la posterior), parciales y la añadidura de nuevos artículos al texto. Aunque vedada a la iniciativa legislativa popular, (institución que entonces requería de la participación, mediante firma, de mínimo el 15 por cien del censo electoral – mayores de 23 años de ambos sexos, en un país de 26 millones de habitantes –) que servía, por otro lado y según el artículo 66 de medio para promover referendos sobre determinadas leyes y promover proposiciones de ley, sólo requería de las dos terceras partes de diputados del parlamento durante los primeros cuatro años de vigencia del texto aprobado en 1.931. En lo sucesivo, bastaría la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Más tarde, al igual que ahora, serían convocadas elecciones a Cortes, que funcionarían primero como Constituyentes y, tras la reforma, como Cortes ordinarias.

7. Renuncia a la guerra: Muy importante e interesante. La necesidad de modernizar y avanzar en el desarrollo interior del país impedía, en palabras de Manuel Azaña, jefe del gobierno y posterior presidente de la República, aventurarse en la construcción de un ejército destinado a aventuras imperiales que, desde 1.898, había sucumbido en varios desastres y dejado la Hacienda maltrecha. La fracasada Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU, establecía un sistema sancionador y de arbitraje en conflictos al cual España se adhirió de buena fe y bajo la premisa de que, sentimentalmente unida con los estados democráticos europeos y sin necesidad alguna de expandir sus fronteras, no tenía motivos ni enemigos a quienes agredir. Por ello, en sus artículos 6, 7, 65 y 77, la constitución republicana establecía el acatamiento de las normas de Derecho internacional emanadas de la SdN y el acatamiento de las normas de la misma y sus medios de arbitraje antes de efectuar una eventual declaración de guerra.

La constitución de 1.931 consagraba al poder legislativo y lo imponía como contrapeso, además de por medio de una serie de restricciones, al poder del presidente de la República, que ejercería el cargo de “poder de relación”. Su mandato, limitado a cinco años, no podía ser revalidado inmediatamente (es decir, no podía haber una reelección consecutiva). Entre ciertas curiosidades de entonces, como la puesta en marcha de los primeros procesos autonómicos, que tendrían como base la unión de provincias con características históricas y culturales comunes (de hecho, hoy mismo podríamos estar hablando de una Euskadi formada por las actuales País Vasco y Navarra, pues en el proyecto estatutario aprobado en 1.936 y rechazado en Navarra por cuestiones no relacionadas con la unión a las entonces Vascongadas figuraba la unión de las cuatro provincias), figura también la de una Ley Electoral cuyos efectos no fueron los deseados. Pensada para buscar mayorías parlamentarias y gubernamentales fuertes, evitando las crisis parlamentarias que envolvían a la Europa de entreguerras, favorecía la unión de partidos en coaliciones y primaba a la mayoría con un muy superior número de escaños aunque la diferencia en votos hubiera sido mínima. Además, permitía a los electores señalar sus preferencias ordenando o tachando los candidatos de una determinada lista. En las elecciones de 1.936, frente a los candidatos que representaban un perfil más radicalizado, los electores acabaron mostrando sus preferencias por los más moderados. Por la coalición de derechas, fue primado el ex ministro de Agricultura Manuel Giménez Fernández, posteriormente declarado leal a la República durante la guerra civil y tildado de “bolchevique blanco” por intentar una reforma agraria que no convino a los intereses de los terratenientes. Por la coalición del Frente Popular, Diego Martínez Barrio, futuro presidente de las Cortes y ex ministro de Gobernación (Interior) que dirigía un pequeño partido de centro izquierda, Unión Republicana, y era un destacado líder de la masonería española.

En la diáspora republicana que siguió a la guerra, muchos destacados líderes acabaron siendo fuertes apoyos y consejeros de posteriores fundadores de las Naciones Unidas. Fueron los casos de Constancia de la Mora, quién, procedente de una familia de porte aristocrático y presidenciable de la monarquía alfonsina (sobrina de Antonio Maura), fue una de las principales figuras del Lyceum Club Femenino, casada en segundas nupcias con el aviador republicano Ignacio Hidalgo de Cisneros y amiga de Eleanor Roosevelt, esposa del ex presidente norteamericano. O del doctor Juan Negrín, ex ministro de Hacienda y ex presidente del gobierno republicano durante la guerra, fundador del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) en París y que contó entre sus amistades del exilio con Noel Baker. Otros dos políticos socialistas como él, Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos, que tuvieron destacado protagonismo en la elaboración y los debates de la constitución y ejercieron de embajadores republicanos en Praga, París y Washington, permanecieron como profesores de Derecho en Buenos Aires y los Estados Unidos. Otros válidos profesionales como Victoria Kent, primera mujer directora de Prisiones; el abogado Felipe Sánchez Román; el historiador Claudio Sánchez Albornoz o el jurista Mariano Ruiz Funes, ex ministro de Agricultura y primero en elaborar la teoría jurídica de la responsabilidad penal de quienes provocaban los conflictos bélicos, siguieron desarrollando sus carreras en el exilio. Pocos fueron los que pudieron, tras pasar por arduos procesos de depuración y ostracismo, proseguir su labor en España. Tal es el caso de Giménez Fernández, posterior profesor universitario en Sevilla de Felipe González.

Refiero esto último porque aquella “generación del exilio”, cuyos principios y conocimientos tan útiles hubieran sido en España, representan un valor inexcusable respecto de las que posteriormente han llegado al poder en nuestro país. La urgencia por recuperar esa memoria de lo que fueron y representaron debe ser algo que ha de estar presente para aclarar un poco hacia dónde queremos ir. Que sus errores fueran patentes no quiere decir, necesariamente, que obraran con ánimo de daño, algo que muy probablemente no pueden decir quienes hoy se llenan la boca con discursos en los que las palabras “España”, “responsabilidad”, “futuro” o “confianza” suenan a hueco. Por lo pronto, fueron autores de una constitución que ya, en 1.931, tenía un recorrido futuro más amplio que la actual, cuyos conceptos, tantas veces ignorados, están quedando anclados en un frac pasado de moda que se nos queda pequeño.

TRECE DE JULIO, TRECE PUNTOS

Van a cumplirse, en breve plazo, setenta y cinco años de la mayor catástrofe contemporánea vivida por nuestro país: la guerra civil. Indeseada por la amplia mayoría de los españoles de entonces, conscientes de la gravedad de la situación pública, pero aun así confiados, fueran los progubernamentales o aquellos que aspiraban a un triunfo rápido de la sublevación, en que tal situación se solucionaría en plazo breve, los historiadores más serios de la actualidad coinciden en no reputar calidad de inevitable a la catástrofe ni siquiera en los días de la primavera y los primeros del verano de 1.936. Los esfuerzos, aun finalmente infructuosos, del gobierno republicano de Frente Popular y el que muchos militares, diputados y gente de a pie estuviera preparando más sus vacaciones, las Misiones Pedagógicas o los campamentos de verano para niños de las organizaciones obreras o eclesiásticas indicaban una cosa contraria, pese a los constantes rumores de "ruido de sables", una expresión muy escuchada en los años setenta y aplicable, con la misma razón, a aquellos años. Recuerdo ahora la escena, muy realista, de los preparativos para comprar la famosa bicicleta y el viaje a La Almunia de Doña Godina de Luisito, el protagonista adolescente de la obra de Fernán Gómez "Las bicicletas son para el verano". Ni el Don Luis republicano ni la beata casera Doña Dolores, ambos desde pareceres políticos e ideológicos distintos, podían imaginarse una catástrofe similar ni siquiera en un día como el de ayer, cuando en un lapso de pocas horas fueron asesinados el teniente de la guardia de Asalto, José Castillo, socialista, y el diputado monárquico José Calvo Sotelo, en represalia por la muerte del anterior.
Dos años después, en el mes de abril de 1.938, tras la conquista y pérdida de Teruel por los republicanos y el avance hacia el Mediterráneo de las tropas de Franco, detenido su intento de marchar hacia Valencia, la segunda capital republicana tras Madrid y antes de serlo Barcelona, en Sagunt/Sagunto, donde los obreros siderometalúrgicos dieron un maravilloso ejemplo de heroísmo, un tanto suicida, al seguir trabajando en su factoría entre los intensos bombardeos de la aviación, aquel desastre fue detenido y las tropas republicanas, tanto como su retaguardia, hambrienta y diezmada por los bombardeos, sin apenas material con el que oponerse a los recursos de campaña del ejército rebelde, consiguieron rehacerse de su amplia sensación de derrota. Poco tiempo después, emprenderían la última gran ofensiva, que algunos comentaristas de entonces evocarían con el recuerdo de la batalla de Verdún entre las tropas francesas y los ejércitos del káiser Guillermo en la Primera Guerra Mundial: la batalla del Ebro. De tan singular expedición surgirían las canciones "Si me quieres escribir" y "¡Ay, Carmela!".
Por entonces, la sensación de derrota se había apoderado del ministerio de Defensa. Indalecio Prieto, un político sin duda capaz en quien se pensó para sustituir a Azaña cuando éste fue elevado a la presidencia de la República, se vio tremendamente afectado por los hechos del Este y la llegada de Franco al Mediterráneo. Para Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros, correligionario y amigo suyo en el PSOE, no era nada aceptable que un ministro de Defensa estuviera no sólo infectado por aquel pesimismo que a nadie beneficiaba, sino además contagiándolo entre la opinión pública y los agregados militares de las naciones que se decían amigas, aunque su actuación no fuera muy beneficiosa (no hay más que ver su adhesión a la No Intervención). En un momento en que había expectativas, luego no cumplidas, de que Francia echara una mano para con la República y la democracia española dejara de depender de la ayuda soviética (dependencia que costó durante años, y aún hoy cuesta, la adquisición del adjetivo "roja" para definir a la República y para hacer pasar por títere soviético a Negrín), el presidente del Consejo decidió prescindir en Defensa de Prieto. Las invectivas posteriores de Prieto contra su viejo amigo fueron tan furibundas que han servido, además, para que los aprovechados del bando nacionalista y los apologistas del presente insistan en la vieja teoría de presentar a Negrín poco menos que como un ogro.
Pero tal ogro, a pesar de que quiso mantener a Prieto como colaborador gubernamental o enviarle como embajador a México, país cuya ayuda y apoyo siempre será recordada en alta estima por los republicanos españoles, y a pesar de las críticas que pueda despertar su gestión, en más de una ocasión camufladas como críticas a la persona y no al político, expuso poco antes de la batalla del Ebro una propuesta para el fin de la guerra que difería de la propugnada por quienes creían la guerra perdida. La diferencia entre éstos y el presidente del Consejo era clara. Negrín no estaba dispuesto a creer que rendirse sin lucha fuera la mejor solución para convencer a Franco de que no realizase la misma escabechina en Cataluña, el Levante y la zona Centro-Sur de España que sus fuerzas habían llevado a cabo en el resto del país desde que comenzaran la rebelión. Lo resumía con sencillez: él no podía entregarse y entregarse con quienes luchaban con él, porque sería exponerles a una muerte segura. Y Franco, al final de la guerra, lo demostró. Por mucho que prometiera que quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre no tenían nada que temer, fusiló tanto a unos como a los otros. Los casos del presidente de Cataluña Companys, de Julián Zugazagoitia – ministro de Gobernación y colaborador del gabinete Negrín –, del periodista socialista Cruz Salido, del dirigente anarquista Joan Peiró o las Trece Rosas ilustran a la perfección esa máxima justiciera que significó la "limpieza" franquista, definida ya en los tiempos de la República en paz por el político derechista Gil Robles: "depurar la Patria de masones, de judaizantes".
Tal propuesta de paz fue conocida como "Los Trece Puntos" o "Los Puntos de Negrín". Era una propuesta dirigida a las potencias internacionales y a los españoles de la otra zona, tanto como una definición de por qué estaban luchando los republicanos. En la esperanza de poder continuar la lucha, el jefe del gobierno de la España leal esperaba obtener, en el interior y en el exterior, la comprensión y el apoyo para una propuesta de mediación que estuviera basada en unos principios esenciales que a ningún demócrata del mundo le podían parecer descabellados. Si al principio de la guerra muchos servidores de las altas instancias de las democracias internacionales poco menos que comparaban a la República con una banda de forajidos entregados a una macabra danza de la muerte, el carácter que los gobiernos presididos por dos socialistas como Largo Caballero y Negrín, junto con las fuerzas diversas del Frente Popular, desde republicanos hasta anarcosindicalistas, habían impreso a esa misma República era bien distinto. El régimen de garantías reimplantado en la cada vez más reducida zona controlada por el gobierno no era perfecto, pero distaba mucho de ser el del ejercicio arbitrario y la escabechina incontrolable que tiempo atrás sumergía en depresiones e impotencia a los líderes gubernamentales.
Contando con esa baza, y consciente de que la situación internacional podía ser ahora más favorable para la República, Negrín y sus colaboradores Álvarez del Vayo (ministro de Estado, hoy Exteriores) y Zugazagoitia (entonces secretario general de Defensa y reputado periodista) dieron forma a los Trece Puntos. En su preámbulo, se afirmaba la legitimidad del gobierno y el apoyo al mismo por parte de las organizaciones políticas y sindicales de la España republicana (hecho que, aunque fuera por silencio administrativo, es demostrable tras haber sido sometido Negrín investido de confianza por las Cortes reunidas en Barcelona y porque nadie entonces era capaz de encontrar un sustituto mejor del "visionario fantástico" para aquellos momentos tan decisivos, como confesaba Martínez Barrio, presidente de las Cortes, al jefe del Estado Manuel Azaña).
Lo interesante, con todo, de los Trece Puntos, es la elaboración de un programa sobrio y mesurado que, sin dejar de lado lo contenido en la Constitución republicana de 1.931, no se entrega a ninguna soflama revolucionaria y busca abrir la puerta a una reconciliación nacional después de los acontecimientos que están sacudiendo al país desde hace cerca de dos años. Punto por punto, su contenido es el siguiente:
1º Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España. Una España totalmente libre de toda ingerencia extranjera, sea cual sea su carácter y origen […]
2º Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares que lo han invadido, así como de aquellos elementos que han acudido a España, después de julio de 1.936, y con el pretexto de una colaboración técnica intervienen o intentan dominar en provecho propio la vida jurídica y económica española.
Estos dos primeros puntos hacen referencia a la salida de España de las fuerzas militares alemanas, italianas y también las soviéticas, que no eran sino una miserable cantidad en comparación con las anteriores, y para que los únicos que decidan en los destinos del país sean los propios ciudadanos españoles. Tal y como marcaba la Constitución, por otro lado, España sería un país plural en el que cabría la unidad de de la diversidad – el Estado integral, la vía intermedia entre el centralismo y el federalismo –. Esto se desarrollará en el quinto punto.
3º República popular representada por un Estado vigoroso que se asiente sobre principios de pura democracia y ejerza su acción a través de un Gobierno dotado de la plena autoridad que confiere el voto ciudadano emitido por sufragio universal y que sea símbolo de un poder Ejecutivo firme, dependiendo en todo tiempo de las directrices y designios que marque el pueblo español.
Esto es, un Estado social y democrático con forma de gobierno republicana y obediente a la voluntad popular.
4º La estructuración jurídica y social de la República será obra de la voluntad nacional libremente expresada, mediante un plebiscito que tendrá efecto tan pronto termine la lucha, realizado con plenitud de garantías, sin restricciones ni limitaciones y asegurando a cuantos en él tomen parte contra toda posible represalia.
Un referéndum constitucional para determinar la configuración de la España de posguerra y mediante el que pueda ser, para todos los ciudadanos, más llevadero el esfuerzo de los "cincuenta años de trabajos forzados" que requeriría la reconstrucción, según preveía Azaña en sus discursos.
5º Respeto a las libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. Protección y fomento al desarrollo de la personalidad y particularidades de los distintos pueblos que integran España […] lo que, lejos de significar una disgregación de la Nación, constituye la mejor soldadura entre los elementos que la integran.
Cuando Haro Tecglen dijo que "Franco fue el que creó más antipatriotas", no cabe duda de que su empeño por la España Una, Grande y Libre (¿Libre de qué, Libre cómo?) perjudicó severamente el desarrollo de las libertades regionales y las particularidades propias que, como expone este punto, habría fomentado que nos hubiéramos conocido un poco mejor.
6º El Estado español garantizará la plenitud de los derechos al ciudadano en la vida civil y social, la libertad de conciencia, y asegurará el libre ejercicio de las creencias y prácticas religiosas.
La España comecuras aprendía la lección: si acaso la libertad religiosa no había sido reconocida en la Constitución (que sí lo estaba) o la Iglesia había sido atacada en lo profundo por las leyes republicanas, aquí se exponía claramente el propósito de enmienda.
7º El Estado garantizará la propiedad, legal y legítimamente adquirida, dentro de los límites que impongan el supremo interés nacional y la protección a los elementos productores. Sin merma de la iniciativa individual, impedirá que la acumulación de riqueza pueda conducir a la explotación del ciudadano y sojuzgue a la colectividad […]
Si la guerra fue ganada por alguien, fue al final para que, como en el casino, siguiera ganando la banca.
8º Profunda reforma agraria que liquide la vieja aristocrática propiedad semifeudal que, carente de sentido humano, nacional y patriótico, ha sido siempre el mayor obstáculo para el desarrollo de las grandes posibilidades del país. Asentamiento de la nueva España sobre una amplia y sólida democracia campesina dueña de la tierra que trabaje.
Avanzar y profundizar, por tanto, en una de las cuestiones más candentes del período republicano: la reforma agraria. No en vano, los grandes propietarios estuvieron con los sublevados y a los fusilamientos de campesinos se les llamó, sarcásticamente, "aplicar la reforma agraria".
9º El Estado garantizará los derechos del trabajador a través de una legislación social avanzada, de acuerdo con las necesidades específicas de la vida y de la economía españolas.
10º Será preocupación primordial y básica del Estado el mejoramiento cultural, físico y moral de la raza.
La utilización del término "raza" aquí es equivalente a "pueblo" o "colectividad" sin las connotaciones racistas de los regímenes italiano o alemán. Federica Montseny, anarquista y ex ministra de Sanidad, también usó el mismo término en alocuciones y discursos. Negrín insistía en los principios de protección y derechos sociales y laborales que otros colegas de su partido, Largo Caballero y Fernando de los Ríos, habían desarrollado durante el primer bienio republicano (1.931-1.933).
11º El Ejército español, al servicio de la Nación misma, estará libre de toda hegemonía de tendencia o partido, y el pueblo ha de ver en él el instrumento seguro para la defensa de sus libertades y de su independencia.
Dar cumplimiento a la reforma militar emprendida por Azaña.
12º El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. España, fiel a los pactos y tratados, apoyará la política simbolizada en la Sociedad de Naciones, que ha de seguir siendo su norma […] dispuesta siempre a colaborar en el afianzamiento de la seguridad colectiva y en la defensa general de la paz.
Neutralidad, acatamiento de las normas de Derecho internacional emanadas del máximo órgano internacional y – eso sí – que nadie volviera a tomar a España por el pito del sereno como habían hecho las potencias democráticas y fascistas de la SdN.
13º Amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. Después de una lucha cruenta como la que ensangrienta nuestra tierra […] cometerá un delito de traición a los destinos de nuestra patria aquel que no reprima y ahogue toda idea de venganza y represalia, en aras de una acción común de sacrificios y trabajos […]
Una diferencia básica respecto de la política de la otra zona. Es dudoso que quisieran avenirse los jefes de la sublevación militar a este punto, porque no estaban dispuestos a ahogar sus ideas de, si no venganza, si represalia por delitos que las más de las veces sólo cabían en su imaginación: pertenencia a partidos o sindicatos, ejercicio de profesiones tenidas por conniventes con la República o solidarizarse con los presos o los perseguidos.
Dos años después, al no tirar los fusiles al suelo, al río o a lo alto de un palomar, los rebeldes seguían siendo rebeldes contra una República que no era revolucionaria. La traición quedaba de nuevo patente. Se ha demostrado, por activa y por pasiva, que la revolución contra la que decían levantarse los Franco, Mola, Goded, Orgaz, Saliquet y compañía no existía más que en sus pensamientos distorsionados y que su acto de rebeldía estimuló, paradójicamente. En abril de 1.938, en el último día de ese mes, el contenido de los Trece Puntos del gobierno Negrín no podía sino reafirmar que la República luchaba no por una dictadura soviética o satelizada por Moscú, sino por garantizar, en un marco de democracia, libertad e independencia, los derechos y libertades por los que el pueblo español había optado en 1.931 y 1.936.

UNA FE BAJO TIERRA

“A morte saiu à rua num dia assim

naquele lugar sem nome pra qualquer fim.

Uma gota rubra sobre a calçada cai

e um rio de sangue dum peito aberto sai.”

José Afonso.

En vísperas de la conmemoración del 18 de julio, setenta y cinco años del golpe de Estado contra la Segunda República, leo en el especial “Memoria Pública” de la edición digital de Público la noticia de que, en una localidad burgalesa, han sido exhumados los restos de 59 cadáveres de fusilados por las fuerzas rebeldes. Esta fosa, conocida como la de “los ferroviarios”, alberga los restos de trabajadores y, además, de un sacerdote, el padre Revilla, al que los defensores de la “Cruzada”, tal y como ha sugerido algún que otro autor del Diccionario Biográfico Español, y más tarde los del pacto constitucional, han mantenido desde 1.936 sepultado en y mezclado sin consentir que sea enterrado como correspondía.

Quiero dejar clara una cosa: a mí no me van a herir los tímpanos ni los ojos quienes, desde la apología del bando rebelde, nacionalista o nacional, pretenden compensar a los muertos republicanos con los que fueron asesinados por quienes defendían, con una autoridad más nominal que real, la causa de la República. Que éstos últimos fueron víctimas de salvajadas no voy a negarlo ni tampoco voy a hacer una defensa de personas como Agapito García Atadell, los patrulleros del Amanecer y demás personajes que rindieron un flaco servicio a la defensa de la libertad y la democracia españolas de aquel tiempo, salvajemente golpeadas gracias al golpe de Estado. Pero aquí se acaba la razón que les doy. Una vez que estos han podido enterrar a sus familiares, rendirle homenaje (a veces, hasta honores de estado) y dedicarle nombre de calles, cuando no los merecían por su declarado carácter de conspiradores (ejemplo: General Fanjul, en el barrio de Aluche de Madrid; García de la Herrán, en Carabanchel), dejen que hagan lo propio quienes no han podido hacerlo por causa de la dictadura y porque el pacto de la transición ha impedido, por error u omisión de responsabilidades, no lo ha hecho posible. El franquismo, mediante desgravaciones fiscales o ayudas de otra índole, permitió la exhumación de restos y el recuerdo como lugares sacros los sitios donde tuvieron lugar fusilamientos por parte de las fuerzas republicanas. No recuerdo, en este sentido, una iniciativa estatal acorde con estas directrices marcadas por el antiguo régimen y respecto del régimen democrático que antecedió al actual, y ello pese a que las comparaciones entre la Segunda República y la monarquía constitucional actual (incluyendo las palabras “el rey republicano”) se siguen haciendo, aun ofendiendo a la propia trayectoria histórica.

Nada más lejos de la realidad el pretender comparar a los rebeldes con los gubernamentales. Tras instaurar un feroz sistema de represión en 1.936, con su triunfo parcial (o parcial fracaso), mediante los bandos de guerra, los militares conspiradores y las fuerzas civiles (carlistas, falangistas, gentes llamadas de orden) prosiguieron su labor durante y después de la contienda, aplicada mediante una justicia militar de escasas o nulas garantías procesales. Antonio Ruiz Villaplana, secretario de juzgado en la España nacional y autor de “Doy fe” (posteriormente exiliado); Francisco Mateu, editor y ex combatiente con los rebeldes o el ex magistrado del Tribunal Supremo de la República Francisco Partaloa, al que el gobierno republicano facilitó su marcha por las amenazas a que estaba siendo sometido en la zona gubernamental, dieron testimonio del diferente cariz que tomó la represión en ambos lados y de cómo, entre los rebeldes, ésta obedecía a un sistematismo que hoy es definido como genocidio y ha dado pie a la presentación de demandas judiciales. Entre los republicanos, sin embargo, la falta de resortes de control de orden público, a consecuencia de la entrega de armas a los grupos obreros y por la ausencia de oficiales militares o de las fuerzas de seguridad que, por haberse pasado a la sublevación o por la falta de confianza depositada en ellos al podérseles ver como potenciales traidores (según describe, entre otros, Julián Zugazagoitia, periodista y ex ministro de Gobernación con Juan Negrín) facilitó una labor de limpieza para muchos que creyeron que la revolución social, parida con sangre de “fascistas”, estaba en marcha. Al gobierno republicano le costó un mundo poder controlar la situación, con toda su buena intención y con la presencia de hombres capaces para hacerlo, pero demostró a partir de 1.937 que se podía conseguir y se consiguió. Indalecio Prieto – ministro de Defensa Nacional, quien se opuso desde el principio a la política de exterminio del adversario –, Juan Negrín – jefe del gobierno desde mayo de 1.937 y reorganizador del Cuerpo de Carabineros, policía de fronteras –, Manuel de Irujo – ministro de Justicia –, Melchor Rodríguez – delegado de prisiones para Madrid y paralizador de las “sacas” de Paracuellos del Jarama –, José María Aguirre – lehendakari del primer gobierno autónomo vasco, cuyo gobierno observó un estricto respeto de la legalidad –, Lluís Companys – ídem que el anterior, pero en Cataluña –, Mariano Gómez – magistrado del Supremo y uno de los impulsores de los Tribunales Populares – o el propio Francisco Largo Caballero, de quien Gabriel Jackson escribe que, pese a su pasado de infantilismo izquierdista “defendió las libertades republicanas mejor que un republicano de toda la vida” consiguieron poner coto en buena medida a las actividades asesinas de los grupos violentos.

Dos eran los motivos que impulsaban a hacerlo: uno, la propia integridad moral y legal de la República, cuyo régimen, que garantizaba los derechos de la persona, no podía verse avasallado de una manera tan terrible por personas que estaban colocando al borde del precipicio, tanto como la propia rebelión militar, a la propia República por la que decían luchar, ya fuera de forma real o simplemente nominal. El segundo, no menos importante, era la capacidad de atraerse a las democracias occidentales (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos) que, con episodios como aquellos y sobre todo los que acontecían en Madrid, donde residían las embajadas y a las que, como declaró el embajador Ángel Ossorio y Gallardo en Ginebra, les fue reconocido el derecho de asilo por el gobierno republicano (método por el que se salvaron once mil personas amenazadas) estaba quedando a la altura del betún. Pese a que, avanzado el tiempo, políticos como Churchill, Léon Blum (primer ministro francés) o el embajador norteamericano Claude Bowers, claro simpatizante de la causa republicana junto con el matrimonio Roosevelt, elogiaron los esfuerzos del gobierno Negrín por mantener una línea política escrupulosa y legalista, la No Intervención se mantuvo y en la escena internacional pesó más apaciguar a Hitler y Mussolini, buenos auxiliadores de Franco, que el que la República Española se hubiera vuelto o no un satélite soviético.

Franco y sus generales jamás tuvieron ese problema: la ayuda en hombres y material de la Alemania nazi y la Italia fascista era abundante; los círculos financieros ingleses y las compañías petroleras norteamericanas estaban más interesados en que un general mandase sobre aquel pueblo analfabeto, del mismo modo en que Salazar los estaba haciendo en el vecino Portugal, y la Sociedad de Naciones era sustituida por un Comité de No Intervención que, a juicio de los historiadores como Ángel Viñas, tenía una base legal más que endeble si observamos el derecho internacional de la época. Además, su convencimiento en que España necesitaba una limpieza a fondo de masones, maestros, obreros de izquierdas, jornaleros huelguistas, ferroviarios y mineros, abogados rojos como Jiménez de Asúa o Casares Quiroga, catedráticos perniciosos o separatistas vascos y catalanes, aun siendo clérigos, estaba muy claro. Hubiera habido o no una guerra civil, la cifra de sangre que se llevó por delante la represión sólo hubiera variado en la cometida por los republicanos, que hubiera sido muy inferior o nula si la militarada hubiera triunfado en pocas horas. Mola o Queipo de Llano ya lo dejaron establecido mediante instrucciones reservadas, y la columna de Yagüe, al entrar en la ciudad de Badajoz, masacraron a 4.000 personas, incinerando sus cadáveres para evitar la putrefacción y llegando tan insoportable hedor hasta la ciudad de Elvas, en Portugal, a once kilómetros de distancia. En la capital pacense, los republicanos habían encarcelado y respetado la vida de unos prisioneros derechistas que, más tarde, se lanzaron a acusaciones y diatribas que causaron la muerte de “cuatro mil rojos”, en declaraciones de Yagüe, quien les había dado muerte para “evitar que Badajoz volviera a ser roja”. Por entonces, la ciudad tenía 40.000 habitantes. Saquen el porcentaje.

El caso del cura Revilla no es nuevo. Varias monjas de un convento de Durango murieron durante el bombardeo de la villa, inmediatamente posterior al de Guernica, y las supervivientes fueron obligadas a declarar bajo amenaza de que, al igual que la capital histórica de Euskadi, Durango había sido destruida por los “rojos”. Bajo la acusación de separatismo fueron fusilados varios sacerdotes vascos, y Marino Ayerra, párroco de Alsasua (Navarra), se exilió a Argentina, donde publicó “No me avergoncé del evangelio”, obra que describe el comportamiento de los defensores de Dios y del rey don Carlos en la región foral. Esta obra ha sido la base del guión del filme “La buena nueva”, de Helena Taberna. Caso paradójico es que, mientras los anticlericales ateos del lado contrario, quienes sin duda cometieron excesos increíbles, protegieron al cardenal Vidal i Barraquer, salvándole de una patrulla de justicieros, permitieron la convivencia de los Salesianos de Atocha con el regimiento comunista de la Joven Guardia o facilitaron que, bajo protección de la Guardia de Asalto, fueran dadas misas en locales particulares de Barcelona (tras un acuerdo entre una comisión de católicos catalanes y el jefe de gobierno Negrín, quien proponía la reapertura de las iglesias), los defensores de la fe y la civilización cristiana frente al peligro bolchevique no dudaron en quitarse de en medio a las sotanas que les estorbaban. Con bendición de por medio del primado de España, el cardenal Gomá. Y del Papa fascista, Pío XII.

Sospecho, como comentaba un lector del diario, que nadie pedirá la elevación como mártir del padre Revilla. Casa mal el catolicismo y la República, aun cuando los republicanos, conscientes de que, con victoria o con derrota, las cosas no podían ser iguales en la España posterior a la guerra y estaban haciendo, ya entonces, reflexión y pasando su particular penitencia. Esperamos tan cristiano y piadoso ejercicio por parte de la jerarquía eclesiástica. De momento, su entrada en el siglo XXI muestra lo contrario: han beatificado a Karol Wojtyla, el papa que fue a dar la comunión a los dictadores latinoamericanos. Sería obvia la respuesta que católicos como Maritain o Bernanos, primero prorrebeldes, después prorrepublicanos, especialmente el primero, le darían a este Vaticano 3.0: el primero defendió la honorabilidad de la República y sus actuaciones frente a la sublevación en un artículo contra la ejecución de Julián Grimau; el segundo, con un coraje absoluto contra su propio mundo interior, acostumbrado por su parte familiar a equiparar el terror con el jacobinismo francés, testimonió en “Los grandes cementerios bajo la luna” la represión nacionalista en Mallorca, a la que definió como una experiencia que se atrevería a calificar de “religiosa” para los ejecutores. Cambien Grimau por Allende y Mallorca por la Operación Cóndor. Bernanos, Maritain, Mounier, Vidal i Barraquer, Revilla, Irujo. Católicos traicionados, una Iglesia traicionada, una España traicionada. Y una fe, quizá una misma fe la de ese sacerdote y esos obreros ferroviarios, sepultada bajo tierra.

SOY REPUBLICANO PORQUE SOY ESPAÑOL

Un español no necesita para definirse exteriorizar su sentimiento nacional a través de la más tópica simbología. Partiendo de esta base, a mi parecer elemental, creo necesario añadir que están equivocados quienes mandaron sus diatribas en forma de SMS al Especial Informativo de la cadena Intereconomía el pasado día 19, diciendo que los manifestantes contra el Pacto del Euro no representaban a nadie porque no portaban banderas españolas. Esto se destacaba en la sección de la que diariamente se encarga Roberto Enríquez, “Visto/Dicho/Oído”, en el rotativo “Público”.
Se equivocan porque quienes estuvimos allí ejercíamos nuestra propia y personal representación, lo cual ya era bastante y suponía una amplia diferencia con respecto a aquellos ciudadanos pasivos que consideran a la democracia como el simple ejercicio del voto en las elecciones y no como una lucha y reivindicación cotidiana. La calle, como espacio público y cotidiano, es algo más que el simple lugar físico donde se encuentran las tiendas, los locales de ocio y el colegio electoral donde, más que elegir representantes, cada vez más se está asemejando a un producto más de consumo y se entregan cheques en blanco.
Nuestra salida a la rúa, donde algunos ya estamos presentes por razón de desempleo, se hacía además en más de una ocasión en representación de otras personas, familiares mayores o menores que nosotros que, por edad y/o condición, no podían acudir pero nos pedían, en ocasiones con emocionado y hasta patriótico coraje, “más patriótico que el de sus adversarios”, como diría Machado en su “Juan de Mairena”, que estuviéramos allí.
Y se equivocan también por otro motivo: sí había banderas españolas. No eran muy numerosas, pero sí había algunas. Ikurriñas vascas, senyeras del País Valenciano y de Cataluña, blanquiazules gallegas o las legendarias moradas de Castilla son banderas españolas hasta que se demuestre lo contrario; esto es, la independencia de estas nacionalidades históricas de España, un hecho que no deseo pero que, si se consuma por voluntad popular, no podré objetar por esa suprema razón. Ni que decir tiene que también podían verse tricolores republicanas, representativas del país que fuimos y contra las que, tanto como contra el régimen y su gobierno legítimos, se alzaron unos militares verdaderamente sediciosos a quienes hoy disculpan estas luminarias de columnistas y voceros mediáticos de la Patria. Hoy, al contrario de lo que hacen para sostener su tesis de defensa de aquel golpe de estado desencadenador de una guerra atroz, contraponen votos y asistentes a manifestaciones para restar legitimidad al 15-M como si este movimiento fuera un movimiento golpista. No lo hacen, sin embargo, para comparar cuántos eran los que se postulaban por el otro “movimiento” (el nacional, es decir, el rebelde antirrepublicano) y cuántos lo combatían.
No sólo los votantes del Frente Popular de ayer, sino los defensores de la República, aun conservadores (algo que no cabe en las obtusas mentes de estos seres) eran, como son quienes piden una democracia real (entiéndase real como efectiva), mucho más patrióticos que los que se llenan la boca con el “¡Viva España!”. Y todo ello sin necesidad de mentar la palabra España (o Francia, o Portugal, o Italia, o Cataluña, o Euskadi, o Vietnam). Lo fue Vicente Rojo con su catolicismo y Julio Mangada con su esperantismo. Lo fue Zugazagoitia denunciando los crímenes de la zona republicana y un Companys tan catalán como emocionado con el labriego manchego que gritó “¡Viva Gassol!” al paso del tren que trasladaba a los consejeros de la Generalitat tras su cautiverio de 1.934.
Mejores españoles en cuanto a que mejores personas, más trabajadoras por su pueblo y más honestas, pese a ser republicanos de una República frustrada, que los salvapatrias del general Franco, firmante de sentencias de muerte con el chocolate y los picatostes del desayuno; o el general Mola, arrasador hasta los cimientos de capitales de “bolcheviques separatistas”, como él denominaba a la ciudad de Bilbao; el general Queipo de Llano, que exhortaba a la violación de “rojas” para demostrar a estas mujeres “lo que era ser hombre” o del supuesto científico y psiquiatra Vallejo Nájera que planeó el secuestro de los hijos de aquellas.
Quédense los mensajeros de Intereconomía y demás ultras con la rojigualda reinstaurada y con el rey delante del cual “no se habla mal de Franco” (palabra de Borbón, transmitida como una campechanía más por los fieles cronistas palaciegos Pilar Urbano y Jaime Peñafiel). Y conste que no me represento aquí más que a mí mismo, aunque acudo con gratitud y emoción a las concentraciones que convoca el 15-M. Vuelvo a citar a Machado finalizando esta disertación con el recuerdo de su recomendación: pongámonos al lado del pueblo, que es el lado de España, aunque ostente los lemas más abstractos. Es por eso que, como hombre popular, soy español. Y por eso, como español, también soy republicano.